Ugel Jaén debe fiscalizar proceso de reserva de matrículas en colegios públicos

Durante supervisión en esta provincia de la región Cajamarca, se detectó casos en los que no se habría informado públicamente sobre este proceso, afectando vacantes a escolares con discapacidad. El módulo de la Defensoría del Pueblo en Jaén instó a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) a ejercer una fiscalización más exhaustiva sobre el proceso de reserva de matrículas que vienen desarrollando diversas instituciones educativas públicas y privadas en esta ciudad, a fin de garantizar la gratuidad de la enseñanza y el acceso a la educación a niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
La recomendación fue formulada tras una supervisión a 20 centros educativos de esta zona de la región Cajamarca, que se realizó con el fin de determinar si dicho proceso se ha desarrollado con regularidad debido a que anualmente se presentan quejas sobre colegios en los que no se reservan vacantes para estudiantes con discapacidad, así como de cobros indebidos e incluso de planteles en los que se aplican exámenes a estudiantes para otorgar una vacante.
Como parte de los hallazgos, se pudo encontrar que en tres instituciones educativas en las que se había completado el proceso de reserva de vacantes, no se hizo convocatoria pública ni tampoco se cumplió con informar adecuadamente a las madres y padres de familia sobre los criterios de ingreso y el número de vacantes con las que contaba el plantel. Esta situación pudo ser advertida en los colegios Jaén de Bracamoros y 16004, así como en la institución educativa parroquial Señor de Huamantanga.
Tras esta irregularidad, el jefe del módulo de la Defensoría del Pueblo en Jaén, Engeles Juipa, precisó que, según la resolución 447-2020 del Ministerio de Educación, los procesos de reserva de matrículas en la educación básica deben ser públicos, por lo que las autoridades de cada plantel deben informar el número de vacantes con las que se cuenta en los frontis de las instalaciones. “Al no proceder de esta forma, se cierra también la posibilidad de que haya disponibilidad de vacantes para niñas, niños y adolescentes con discapacidad”, refirió.
El representante de la Defensoría del Pueblo remarcó también que las instituciones educativas públicas deben garantizar el acceso a la educación por parte de aquellas personas que viven en condiciones de vulnerabilidad, como las niñas y las personas con discapacidad. Al respecto, indicó que la norma señala que las instituciones educativas públicas y privadas deben reservar un mínimo de dos vacantes por aula para estudiantes con discapacidad.
Como parte de las recomendaciones alcanzadas a la UGEL Jaén, se pidió también fiscalizar la labor de los directores de cada plantel a fin de evitar cobros indebidos. Además, se solicitó a la entidad intervenir ante las denuncias por presuntos hechos de discriminación a niñas y niños, a quienes se estaría negando las vacantes.
De otro lado, se instó a la UGEL a establecer un protocolo de bioseguridad que sea aplicado en todas las instituciones educativas al momento de atender a las madres y padres de familia que acuden para solicitar vacantes. “Hemos podido advertir que la presencia de largas colas de personas que acuden a los centros educativos puede convertirse en un riesgo de propagación de contagios por COVID-19, por lo que las autoridades deben dictar pautas claras para que se respete el distanciamiento social obligatorio”, sostuvo el jefe del módulo de la Defensoría del Pueblo.

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