El papel de los operadores de justicia y de la policía nacional del Perú frente a las víctimas de agresiones en contra de las mujeres y los integrantes del grupo familiar

No es indispensable dar datos estadísticos para poder afirmar que la violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar constituye uno de los principales males de la sociedad, basta con ver los noticieros, revisar las redes sociales o indagar un poco más sobre los casos que día a día son presentados ante la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público o el Poder Judicial, sin mencionar los casos que aún permanecen en el anonimato, ya sea por miedo, por desconocimiento de los sistemas de protección que ofrece el Estado o por la desconfianza en estos. El primer gran paso que debe atreverse a dar una víctima de esta clase de agresión es denunciar, lo que resulta difícil porque se trata de denunciar a un padre, a una madre, a un hijo, a una hija, a una pareja, a una persona querida por la víctima y que también la quiere o, por lo menos, debería quererla, porque como escuché en una película española, es el mundo real, no hay personas totalmente buenas, ni totalmente malas.
Así, cuando aquella víctima toma la difícil decisión de buscar ayuda, se encuentra con las dificultades que supone el desconocimiento de las garantías que le otorga la norma, así como de los procedimientos necesarios para acceder a dichas garantías; dificultad que debe ser paliada por los operadores facultados por ley, quienes tienen la tarea de hacer efectivos tres de los principios rectores de la Ley N° 30364 –Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar-, referidos a: 1.- Debida diligencia, es decir, adoptar sin dilaciones todas las políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar; 2.- Intervención inmediata y oportuna, que significa que ante un hecho o amenaza de violencia, se debe actuar en forma oportuna, sin dilación por razones procedimentales, formales o de otra naturaleza, disponiendo el ejercicio de las medidas de protección previstas en la ley y otras normas, con la finalidad de atender efectivamente a la víctima; y, 3.- Sencillez y oralidad, que se traduce en que todos los procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se desarrollan considerando el mínimo de formalismo, en espacios amigables para las presuntas víctimas, favoreciendo que estas confíen en el sistema y colaboren con él para una adecuada sanción al agresor y la restitución de sus derechos vulnerados.
Cabe precisar que quienes tienen competencia para recepcionar estas denuncias, ya sea de manera verbal o escrita, conforme al artículo 15 de la Ley N° 30364, son la Policía Nacional del Perú (cualquier Comisaría y, según la disponibilidad, si la víctima prefiere ser atendida por personal femenino se cumplirá ello), el Ministerio Público (fiscalías penales o en su caso fiscalías especializadas en delitos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y, cuando esté involucrado un niño, niña o adolescente ya sea como víctima o como agresor también las Fiscalías de Familia) y el Poder Judicial (Juzgados especializados de Familia o los que hagan sus veces, y donde no existan estos también los Juzgados de Paz Letrados, incluso los Juzgados de Paz). Todas las instituciones previamente detalladas, tienen la obligación legal de atender dichas denuncias, las mismas que pueden ser interpuestas por la propia víctima, por un tercero sin necesidad de tener su representación o por la Defensoría del Pueblo, no siendo necesaria la firma de abogado, ni el pago de tasas o cualquier otra formalidad. Asimismo, para poder denunciar tampoco es exigible presentar resultados de exámenes físicos, psicológicos, pericias de cualquier naturaleza o mostrar huellas visibles de violencia, sin embargo, de contar con ellos, pueden ser presentados como medios probatorios.
Teniendo todo ello, resulta necesario concluir que existe una obligación, no solamente legal sino también ética y moral, para los Operadores de Justicia y para la Policía Nacional del Perú, especializados en asuntos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, de atender adecuadamente estos casos, en cabal cumplimiento de los principios de debida diligencia, intervención inmediata y oportuna así como de sencillez y oralidad; y si bien es cierto la carga de los casos constituye una limitación para ello, se debe intentar lo más posible cumplir con tales principios en todos los casos, puesto que la óptima atención de cada uno de ellos suma para la efectivización del derecho a una vida libre de violencia de las mujeres y los integrantes del grupo familiar, lo que sin duda redundará en una mejor sociedad, en un mejor Estado.

1 Asistente en Función Fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial de Familia de Cajamarca.

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