La castración química y su inviabilidad jurídica en el ordenamiento peruano

Hace poco, el jefe de Estado Pedro Castillo volvió a los titulares tras proponer la castración química para violadores de menores de edad como reacción tras el repudiable caso de la menor secuestrada y violada en Chiclayo, sosteniendo que los delitos sexuales no deben quedar impunes y deben ser reforzados con medidas multisectoriales para prevenir y erradicar. Es así como propuso que esta medida debería ser incluida en el Código Penal tras aprobación Congresal para su legalidad, y puso de ejemplo a países que en la actualidad adoptan esta medida, como Rusia, algunos Estados de E.E.UU, Polonia, Corea del Sur, Indonesia y Moldevia. Ante esto, debemos recordar que cada país adopta un modelo penal diferente, de acuerdo al enfoque y modelo de Estado con el que cuentan, razones por las cuales hacer un mero ‘copypaste’ de alguna legislación extranjera e insertarla en la nuestra ocasiona serias contradicciones y problemas jurídicos no solo discordantes con las leyes internas, pero también con acuerdos o tratados internacionales a los que se adscribe cada país. Es por estas razones que una propuesta no puede simplemente ser abordada de manera tan poco enfocada o analizada dentro de una sola institución, de lo contrario nos encontramos ante una medida meramente populista. ¿Es este el caso de la propuesta de la castración química?

La castración química implicaría administrar en el imputado medicamentos que reducen el libido y reprimen el deseo sexual. Es decir, si se llegara a aprobar esta consecuencia a un supuesto de hecho de ‘El que viola a un menor de edad’, tendría como pena esta medida. Si bien a simple vista puede parecer una solución llamativa ante este horrible crimen, para nuestro ordenamiento jurídico significaría una contradicción a la razón de ser del Derecho Penal. El punto de partida para determinar los fines y funciones de este es la determinación del modelo de Estado vigente. Esta lógica se desprende de la Constitución peruana, que en el artículo 1 se plasma que el fin supremo de la sociedad y el Estado es la defensa de la persona humana y el respeto de la dignidad, la cual es base todos los derechos reconocidos para que la persona alcance su autorrealización. Por ello es que se discute hay un conflicto entre garantía y eficacia, ya que se protege tanto a las víctimas como a los delincuentes, quienes también son ciudadanos y por ende sujetos de derecho por nuestro modelo de Estado. En un Estado Constitucional de Derecho, el Derecho Penal se vincula a un sistema social que implica que cumpla con dos fines: evitar comportamientos delictivos que alteren el orden social y, a su vez, disminuir la violencia extra penal; y, ser una garantía que establece las conductas que quedan fuera de sanción penal, ya que al establecer lo prohibido delimita también lo permitido y, de esta manera, disminuir la violencia inherente al derecho penal por principio de legalidad. A palabras de Santiago Mir Puig, “el Derecho Penal es el instrumento jurídico más enérgico del que dispone el Estado para evitar las conductas que resultan más indeseadas socialmente. (…) no obstante, es sólo uno de los instrumentos de control social, por eso sus contenidos y reacciones tienen que ser concordantes con el sistema de control social.” De esta forma, la lógica del derecho penal peruano busca tutelar los bienes jurídicos presupuestos como imprescindibles para la existencia común de forma garantista, con una motivación de que los individuos se abstengan de realizar comportamientos que los lesionen, gracias a una naturaleza coactiva de la norma que sirve como instrumento de control social.

Ahora bien, cómo consecuencia de esta razón de ser, nuestro ordenamiento prohíbe el derecho penal simbólico, llamado así ya que tiene un efecto, cabe la redundancia, meramente simbólico, que limita a calmar los temores, miedo, o con mociones de la sociedad, usualmente calificado como medida populista. Ya que nuestro ordenamiento jurídico tiene la lógica de abstenerse los comportamientos que lesionan los bienes jurídicos, la implementación de una pena que involucre castración química no se enfoca en solucionar el problema de raíz que son las violaciones, sino sólo generar calma en la sociedad. La tutela de la sociedad no debe equipararse a la tutela de un orden moral o ético, no es por los problemas es por evitarlos. Es necesario separar el derecho de la moral, aunque en muchas ocasiones se caiga en esta tentación. Se ha podido comprobar que penas más drásticas no significa que haya menos comisiones de delitos, si lo que se busca es frenar tema de violaciones a menores de edad, se deben pensar en medidas que ataquen el problema de forma más eficaz y estructural, como lo puede ser un enfoque en valores sociales, mediante políticas públicas que se encarguen de la difusión de sus valores en la educación, inclusive en medios comunicacionales. Es por ello que debemos preguntarnos sobre los fines y funciones de una pena así: ¿para que serviría la pena? Para evitar violaciones, reducir violaciones, o para eliminar el problema de raíz que son las violaciones; ¿cuál es el sustento dogmático que legitima su imposición? Si es que no hay evidencia de qué una sanción más drástica lo haya efectivamente eliminado; ¿cuáles son los efectos que la imposición de la pena genera en la sociedad? Los violadores se abstienensimplemente porque existe una pena, o se puede reconducir lo que lleva a una persona a violar a un menor de edad. Si es que se impone una castración química por el delito de violación a un menor de edad, ¿podría uno considerar el asesinato después? Esto bajo la lógica de que se le condenaría por homicidio el cual no cuenta con la consecuencia de castración química. A su vez, iría contra el principio de utilidad, en el cual una pena es considera necesaria para evitar conductas delictivas, que como hemos visto, no se garantiza en realidad. Esto sería cambiar toda lógica del derecho penal peruano, a una teoría absolutista o retribucionista, que no genera ningún beneficio para la sociedad ni para el individuo, sólo piensa en la sanción, no en enseñar, reeducar o resocializar, valores contemplados en nuestra Constitución. 

Sin embargo, esto no sería la única razón para la inconstitucionalidad de la medida. Es importante recordar que el Perú está suscrito a varios tratados internacionales de derechos humanos, que operan bajo la misma lógica de nuestro derecho penal de respeto hacia la dignidad y respeto hacia la persona, y el principio constitucional de rehabilitación y reinserción social del reo. La Convención Americana y la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, ambos ratificados por el Estado peruano, prohíben el uso de penas crueles, inhumanos o degradantes contra la persona. Es por ello, y de acuerdo al artículo 55 de nuestra Constitución, los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional, lo cual supondría una contradicción, que, si en un caso hipotético se llegara a aprobar mediante el Congreso, en realidad jamás llegaría a tener efectos en la realidad. De igual forma, en la mayoría de países en los que se tiene como medida la castración química, no es de carácter obligatorio pero voluntario previo consentimiento libre e informado del infractor, que viene acompañada con medidas de terapia y asesoramiento psicológico. Finalmente, y como se ha mencionado previamente, no hay base científica que asegure la efectividad en la prevención de la reincidencia de delitos sexuales, además de considerar que esta tiene un costo elevado e implica una necesidad de dosis periódicas de por vida lo cual hace inviable para nuestro sistema penitenciario.

Cómo se puede analizar, la castración química como medida para las violaciones sexuales a menores de edad, es inviable de diversas formas para nuestro ordenamiento jurídico. Un delito tan serio como es el de la violación sexual necesita de soluciones estructurales, que ataquen la raíz, y no sólo de propuestas populistas que no tomen en cuenta el resto del sistema jurídico o de la verdadera eficacia de su implementación, se necesitan opiniones técnicas y de especialistas en la materia para poder hacerle frente a esta problemática que sigue tan presente en esta corrupta sociedad.

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