BREVE EXPLICACIÓN DEL RECIENTE PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL INDULTO A ALBERTO FUJIMORI POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

LA CULTURA CIUDADANA A TRAVÉS DEL ESTUDIO DE CASOS
Por: ChristiAn Sánchez

Una de los actos humanos más relevantes para contrarrestar los ejes de violencia humana institucionalizada o no, es la creación de espacios de diálogo, donde el entendimiento ciudadano sobre las actividades parlamentarias, los actos de gobierno, administración; entre otros, configuren un acto de responsabilidad colectiva: la cultura ciudadana. Si a ello, aunamos el interés general por conocer de forma clara, lo que muchas veces es expresado en lenguaje oscuro y técnico, aplicando claro método de estudio de caso, justificaremos lo que denomino “la cultura ciudadana a través del estudio de casos”.

En este hilo de ideas, nuestro país ha sido eje del ojo público internacional en tanto el máximo intérprete de nuestra Constitución, expidió la STC Nro. 2010-2020-PHC/TC, de fecha 17 de marzo de 2022, en la que se resolvió declarar fundado el habeas corpus en beneficio del sentenciado Alberto Fujimori y declaró nulas sendas resoluciones que realizaron el denominado “control de convencionalidad” por parte de magistrados supremos de nuestro país en acatamiento de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, restituyó los efectos de la Resolución Suprema Nro. 281-2017-JUSde fecha 24 de diciembre de 2017, disponiendo la inmediata libertad del beneficiado. Exonerando de la ejecución de la sentencia condenatoria de fecha 7 de abril de 2009: Expedida por la Sala penal Especial de la Corte Suprema, confirmada por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema el 30 de 2009.

Sin embargo; previamente a este pronunciamiento, respecto del caso Barrios Altos la Corte Interamericana expidió las sentencias de fondo, Interpretación de la Sentencia de Fondo, y de Reparaciones y Costas, el 14 de marzo, 3 de septiembre y 30 de noviembre de 2001, respectivamente. En el Caso la Cantuta, expidió Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, y la Interpretación de la Sentencia emitidas el 29 de noviembre de 2006 y 30 de noviembre de 2007, respectivamente. El Tribunal ordenóal Estado peruano, en ambos casos, la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar a los responsables de las graves violaciones a derechos humanos.

Sin embargo, luego del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, las víctimas de sendos casos. Solicitaron a la Corte Internacional: la aplicación de medidas provisionales y se convoque a una audiencia de supervisión de cumplimiento de las sentencias y medidas provisionales”. Así como abstenerse de la liberación de Alberto Fujimori. Citando a audiencia para el día 1 de abril de 2022, conforme se prevé de la Resolución de solicitud de medidas de provisionales.

El 7 de abril de 2022, la Corte interamericana, expidió la Resolución de solicitud de medidas provisionales ysupervisión de cumplimiento de sentencias, resolviendo: supervisar el “indulto por razones Humanitarias” en favor de Alberto Fujimori, a través de la supervisión de cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos de los casos Barrios Altos y la Cantuta. (ii) Abstenerse de implementar la sentencia del Tribunal Constitucional STC Nro. 2010-2020-PHC/TC por incumplir la sentencia de supervisión de cumplimiento del 30 de mayo de 2018, específicamente los considerandos 12 a 20 y 37 a 42. (iii) Requerir un informe respecto al cumplimiento de laobligación de investigar, juzgar y sancionar en lo relativo a no ejecutar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional del Perú (hasta el 13 de mayo de 2022) y (iv) otorga la oportunidad a las victimas de observar dicho informe en el plazo de 4 a 6 semanas contados a partir de la notificación del informe antes señalado.

Para entender el derrotero antes indicado, es prioritario reconocer que lo ordenado por la Corte Interamericana de derechos humanos, representa el acatamiento a la competencia internacional cuyo inicio fue la firma de la declaración prevista en el artículo 62.1 de la ConvenciónAmericana. Gestión realizada durante el gobierno de Fernando Belaunde Terry (21 de enero de 1981) iniciando la protección de derechos humanos supranacional. 

El contexto fáctico de los hechos que motivan el análisis jurídico, se encuentra comprendido concretamente:

a) Barrios altos: El 3 de noviembre de 1991, en circunstancias que unos vecinos se encontraban realizando una «pollada», en el jr. Huanta, del distrito limeño de Barrios Altos, entre las 10:00 y 11:00 de la noche, un número aproximado de diez a doce agentes de inteligencia militar – miembros del «Grupo Colina»- irrumpieron en el inmueble, premunidos de pistolas y fusiles AKM con silenciador. Los agentes (que luego se confirmó su pertenencia al denominado «Grupo Colina») dispararon sin miramiento alguno contra los presentes, ocasionando la muerte de 15 personas e hiriendo gravemente a 4 más. 

b) La Cantuta: El 17 de julio de 1992 alrededor de la 1:30 de la madrugada, nuevamente los agentes del «Grupo Colina ingresaron al campus de la Universidad La Cantuta en cuatro camionetas. Los efectivos de dicho grupo secuestraron a 10 personas, compuestas por estudiantes y un profesor. Se los llevaron lejos, para luego ejecutarlos y enterrarlos en una fosa.

Al respecto, el sector jurídico-político peruano se decantó al menos en las siguientes posturas:(i) No acatar lo ordenado por la Corte Interamericana, tomando como referencia el Caso Fontevecchia y D´Amico Vs. Argentina, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, básicamente por considerar que la Corte Interamericana no tiene la facultad de revocar una sentencia atribuyéndose la categoría de “cuarta instancia”, vulnerando los principios fundacionales de la jurisdicción internacional.

Crítica: El Tribunal Constitucional Peruano, no generó mayor actuación para respaldar la STC Nro. 2010-2020-PHC/TC, pese al antecedente argentino.(ii) Acatar lo ordenado conforme la Ley que regula el procedimiento de ejecución de sentencias emitidas por Tribunales Supranacionales (LEY Nº 27775), literal “e” en torno a lo relativo a la ejecución de medidas provisionales ordenado por la Corte Interamericana. Esta fue la postura inmediata del estado Peruano.(iii) Una tercera postura, aún mas recalcitrante, fue la de retirar al Perú de la competencia contenciosa de la Corte interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, este argumento siempre ha representado una postura política coyuntural que solo permite desviar la importancia de las implicancias jurídicas. Esto incluso llegó a materializarse a través de la Resolución Legislativa Nro. 27152 del 8 de julio 1999. Cuya derogatoria fuera realizada el 19 de enero de 2001, donde el Poder Ejecutivo, buscó efectivizar todas las medidas apropiadas para restablecer a plenitud el Estado de Derecho y la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Así las cosas, queda darnos cuenta, que el derrotero convencional adoptado por el Estado Peruano, es la del acatamiento de las resoluciones expedidas por la Corte Internacional, nuestro ordenamiento jurídico ha sido predispuesto para encaminar la justicia internacional como una aspiración esencial de nuestro estado, por lo que decidir en torno a estos asuntos, ya no solo es tarea del Estado, sino de cada uno de nosotros como integrantes del Sistema Interamericano Internacional.  

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