DERECHOS SOCIALES Y DERECHOS LABORALES

Los DERECHOS SOCIALES son normas dictadas por un Estado para proteger la dignidad, la libertad y el bienestar de las personas en el país donde este rige, al garantizar las prerrogativas que concede, con respecto a educación, sanidad pública, vivienda digna, salario justo, buenas condiciones de trabajo, cesantía y jubilación, seguro de salud y otros. En el Perú, por ignorancia en su más alto nivel, la administración pública se encarga de escamotearle al trabajador, la mayoría de sus derechos sociales, pues, a pesar de estar concedidos mediante una norma jurídica específica y de existir jurisprudencia al respecto, niegan en todas sus instancias al trabajador que los reclama, teniendo este que acudir al Poder Judicial para poder concretar algo que le debía ser “otorgado de oficio”.

Los derechos sociales van ligados al concepto de sociedad, es decir, necesitan de la existencia de una sociedad o una organización social, para poder existir. La gran mayoría de las constituciones que se redactaron a finales del siglo XVIII y principios del XIX incluyen algunos de los derechos sociales básicos. Pero, no fue hasta inicios del siglo XX, que se logró los consensos necesarios para lograr la aceptación general y el cumplimiento de estos derechos. Todos estos logros sirvieron como base para la construcción de los derechos sociales incluidos en la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, aprobada en París en diciembre de 1948.

En la “Carta de los Derechos Humanos” los derechos sociales están consignados desde el artículo 22 hasta el 27. Básicamente, estos derechos se pueden resumir en: a) Derecho a un empleo y, a un salario justo; b) Derecho a la protección social en casos de necesidad: jubilación, desempleo, maternidad, etc.); c) Derecho a una vivienda digna; d) Derecho a una educación gratuita y de calidad: e) Derecho a la sanidad; f) Derecho a un entorno saludable, al acceso a la cultura y, a la vida pública de la comunidad.

En el Perú la ley sobre los derechos sociales del trabajador es amplia, pero no se cumple. La administración pública se encarga, con una terquedad ignominiosa e insultante, de denegarlos sistemáticamente. El pretexto es la existencia de distintos regímenes. Los trabajadores del Estado, por ejemplo, se encuentran amparados por el D.L. Nº 276, en tanto los trabajadores privados lo están bajo el D.L. Nº 728. Además, existen regímenes especiales como los Contratos Administrativos de Servicios (CAS), cuyo D.L. Nº 1057 fue derogado, al igual que la Ley Nº 27360, que regula a los trabajadores del campo y que fue reemplazada por la Ley Nº 31110.

Sin embargo, podemos identificar una suerte de derechos básicos independientes del régimen en el que el trabajador se encuentre. Estos son: a) Derecho a un contrato de trabajo justo, sea a plazo fijo o temporal, a fin de evitar los despidos arbitrarios. Incluye el pago de una RMV, gratificaciones, CTS y licencia de descanso pre y post natal. b) Derecho a no trabajar más de 8 horas diarias o como máximo 48 horas semanales, así como un tiempo para refrigerio. c) Derecho a descansos remunerados, así como vacaciones anuales. d) Derecho a la seguridad y salud en el trabajo. e) Derecho a un seguro de trabajo y de salud. f) Derecho a la libre asociación con sus compañeros trabajadores, así como a la sindicación, huelga y negociación colectiva.

Como se dijo al inicio, en el Perú no es que no existan leyes para cautelar los derechos sociales, pero, rige lo de “hecha la ley, hecha la trampa”. Por ejemplo, no es posible que sea el mismo Estado el que aplica leyes mañosas hechas para favorecer al empresario y no a los trabajadores. No es posible que sea el mismo Estado el que le roba al trabajador su fondo de cesantía y jubilación. No es posible que sea el mismo Estado el que deroga leyes de antigua data, solo para no asumir sus obligaciones. El caso de los trabajadores del DL 20530 y del DL19990 son, por decir lo menos, horrorosamente abusivos. El Estado se apropió del fondo de pensiones de la 20530, se comprometió a pagar pensiones niveladas con la de los activos, pero no cumple. Y en el caso del fondo de pensiones del DL 19990 es peor, aún. Utiliza ese dinero como su caja chica y a los asociados les paga pensiones que son una burla a la dignidad humana. La deuda social del Estado, por escamoteo de pago derechos y bonificaciones dadas por ley, es más alto, cada día. Esto tiene que cambiar. URGENTE.

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