ENMIENDA DE PLANA

No ha tenido, la sentencia del Tribunal Constitucional que ampara el habeas corpus del presidente y declara la nulidad del acuerdo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso que declara procedente su acusación por presuntas traición a la patria e infracción a la Constitución, la misma resonancia que tuvo, en su momento, la opinión de la periodista Rosa María Palacios, precursora de la idea, y la denuncia constitucional, posterior, que originó el acuerdo de marras, formulada por los congresistas que quieren verlo fuera, no importa la vía, que, basándose en dicha idea, lo imaginaron destituido y preso por, en forma supuesta, poner en riesgo la soberanía nacional.

Ha puesto el Tribunal las cosas en su lugar.

No hay asomo del delito en mención en la declaración, no feliz, del presidente, ante un medio de comunicación extranjero, respecto de una anterior, de cuando no lo era, en el sentido de que sometería a referéndum la posibilidad de cederle a Bolivia salida al mar.

Carece, igualmente, de razón factual y jurídica aducir que tal declaración fuera delito de traición a la patria en grado de tentativa.

Sostiene, el Supremo Intérprete de la Carta, que el acuerdo de la Subcomisión, agresor, vulnera el principio de tipicidad penal, y, con ello, el principio de motivación parlamentaria, conformante del debido proceso parlamentario, que se deriva del principio jurisdiccional contenido en el artículo 139, inciso 5, de la Constitución Política del Estado.

De otra parte, que vulnera, también, el principio de motivación, en su extremo referido a la supuesta infracción de los artículos 110 y 118, incisos 2 y 11, de la Constitución, que establecen, en forma respectiva, que el presidente representa a la Nación y al Estado y dirige la política exterior.

Nada tienen que ver, con estas normas, las declaraciones presidenciales en comento, que no salen del terreno de la opinión, según el Tribunal.

Usualmente, cuando se declara fundada una demanda de habeas corpus se cursan partes al Ministerio Público para que evalúe abrir investigación, por el presunto delito de abuso de autoridad, contra el agresor o agresores inconstitucionales.

En el caso en materia el Tribunal se ha limitado a declarar la nulidad del acto que vulnera la libertad individual del favorecido, no sin hacer mención, en adicional, al interés público implícito y la necesidad de encauzar las relaciones entre los poderes del Estado, claro está. No cursa partes, empero, en resguardo de la función parlamentaria —se sugiere, entre líneas—, aun cuando la declara no exenta de control constitucional. Pero, que declare dicha nulidad, ya es bastante.

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