El aumento de la temperatura global es consecuencia de los gases de efecto invernadero, refieren los especialistas.
El 11 de diciembre de 1997, la ciudad japonesa de Kioto, capital del shogunato durante más de mil años, acogió la firma del tratado que dio a conocer los peligros del gas de efecto invernadero más potente, el CO2: el nombre del principal enemigo de la humanidad en una guerra contra el cambio climático que lleva un cuarto de siglo en desarrollo.
De esta forma, el Protocolo de Kioto se convirtió en el primer acuerdo internacional que puso nombre a los gases de efecto invernadero más potentes, con el CO2 a la cabeza, pero seguido de cerca por elementos como el metano (CH4), y compuestos como el óxido nitroso (N2O), los hidrofluorocarbonos (HFC), los perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF6).
Uno de los éxitos de Kioto fue precisamente identificar el causante inmediato de la mayor crisis que afronta la humanidad como especie gracias a esta nomenclatura química que es muy conocida por el gran público a día de hoy.
¿Cuántos países ratificaron y firmaron el Protocolo de Kioto?
Para 1997, 84 países firmaron el acuerdo, y 46 lo ratificaron; de los grandes emisores solo se adhirieron la Unión Europea y Japón, mientras que China, Australia y Estados Unidos decidieron quedarse fuera. Para el año 2001, ya eran más de 180 las partes. La ratificación de Rusia permitió que el Protocolo de Kioto entrara en vigor en el año 2005.
La vigencia del Protocolo de Kioto requería que al menos 55 países lo aceptaran, aprobaran y ratificaran y, además, que entre estos lograran sumar el 55% de las emisiones de carbono producidas por los países desarrollados.
¿Qué mecanismos se proponen implementar para cumplir los objetivos?
En el Protocolo de Kioto se establecieron 3 mecanismos de implementación para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Estos eran de carácter complementario a las políticas y decisiones internas de cada país para la consecución de lo establecido. Son:
- Comercio internacional de emisiones: este mecanismo permite que los países desarrollados y países con economías en transición puedan negociar créditos entre ellos para alcanzar los objetivos acordados. Así, los países que se mantengan por debajo de los límites de emisiones asumidos pueden vender sus créditos de emisiones a otros países. En palabras más sencillas, si un país tiene derechos de emisiones, porque emite menos del límite acordado, podría venderlos a otros países que necesiten emitir para mejorar su economía.
- Mecanismo de desarrollo limpio: plantea la implementación, por parte de un país desarrollado o con economías en transición, de un proyecto de reducción de emisiones en algún país en vías de desarrollo. El primero puede obtener créditos vendibles a través de esta acción, que cuentan para la consecución de sus objetivos, mientras que el país receptor alcanza un desarrollo sostenible.
- Mecanismo de aplicación conjunta: consiste en la inversión de países industrializados en proyectos de países destino que se traducen en créditos, y se computan frente a las cuotas de reducción de emisiones atribuidas a cada país. La ganancia para el país inversor es que adquiere los créditos a un precio inferior, y se utilizan para cumplir sus objetivos de Kioto. Los países receptores, en cambio, son naciones con economías en transición o en desarrollo que se benefician de las inversiones en tecnologías sostenibles.
Sin embargo, para la organización Ecologistas en Acción su objetivo fue de “corto alcance” ya que “planteó solamente una reducción del 5 % de las emisiones de los países más desarrollados sobre el nivel de emisiones de 1990”.
Además, la negativa de Estados Unidos a cumplirlo dejó fuera a “uno de los principales causantes mundiales del cambio climático”, cuyas emisiones “representan un tercio del total”.
Según los ecologistas, otro de los puntos débiles del tratado fue que su eficacia ambiental se vio mermada “considerablemente” por la introducción de vías para que los países puedan “apuntarse” reducciones que no se realizan en su territorio, en referencia al comercio de emisiones.
Estos “mecanismos de flexibilidiad” facilitan la compra directa de cuotas de CO2 mediante inversiones en terceros países para que éstos emitan menos.
Aunque estos procedimientos pueden ofrecer a los países menos industrializados el acceso a tecnologías más eficientes, los ambientalistas advierten que también pueden convertirse en “medios de reducción barata” para que los más industrializados retrasen las transformaciones de sus propias economías.
Un cuarto de siglo después, se siguen acumulando las evidencias científicas de la extensión del cambio climático y se han afianzado las previsiones climáticas para este siglo, especialmente graves en el cinturón ecuatorial, donde habita gran parte de la población más pobre del mundo, pero también en las zonas mediterráneas, como España.
Estos hechos advierten de la necesidad urgente de abordar mayores reducciones de CO2, ya que en 2022 la tendencia mundial es de crecimiento de las emisiones, en parte debido a que países fuertemente industrializados pero aún considerados en vías de desarrollo, como la India y China, aluden a la “seguridad energética” para no abandonar el uso masivo del carbón.
