Congresistas y presidente no se van, es decir, no adelantan elecciones, se quedan, con el argumento de que todo aquel que pide su renuncia, que rechaza su presencia, es terrorista, vándalo o violento, o está a favor de éstos.
Para tener la razón mantendrán el estado de emergencia, en todo el país, y el toque de queda allí donde el rechazo a su permanencia es más fuerte.
Para explicar su razón, es decir invisibilizar los muertos y las protestas y sobredimensionar el vandalismo (condenable, por cierto, tenga el origen que tenga), ya tienen la gran prensa a su servicio, debidamente aceitada con el avisaje estatal, para que funcione mejor.
Para defender su razón tienen a la justicia militar, a la cual someterán la investigación de las muertes acontecidas en la protesta, según ha declarado la propia presidente, con lo cual, de plano, generarán un conflicto de competencia, para empezar, habida cuenta de que, según se sabe, aquella y su entorno han sido denunciados por delitos de lesa humanidad y homicidio (En el primer caso los esperaría la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, nada menos).
Tienen, pues, ahora, la razón, desde que tienen a su favor el uso de la fuerza física.
Con ello y todo no dejan de ser ocupantes precarios del poder.
No siempre la protesta carecerá de liderazgos claros, y no se pueden mantener por siempre el principio de autoridad sobre la fuerza.
