El Congreso de la república ha puesto nuevamente en debate el llamado “Derecho al Olvido”, que consiste en que de existir una noticia en internet donde se expone a un investigado, que luego es absuelto, o mejor dicho que es declarado inocente, los administradores de la web o de la red social están obligados a borrar tal información para no dañar la reputación del implicado, en tanto es obvio que de lo que se lo acusaba no es cierto.
Como periodista creo que se trata de una medida que tiene dos caras, la primera que resulta lógico y coherente que siendo alguien declarado inocente, hay que eliminar cualquier rastro que pueda dañar su honor o humillarlo, pero lejos de ello, queda en la responsabilidad del medio la publicación que hizo, de modo que no es necesario esperar que haya una sentencia para retractarse o eliminar una publicación.
De hecho, las condicionales que se usan comúnmente en alguna prensa se han convertido durante mucho tiempo en estrategia para acusar a alguien a gusto y gana. “Habría”, “tendría”, “sería”, “querría”, etc, etc, etc. Esa forma de salvarse de la responsabilidad de manera dolosas, y este método debe ser desterrado, así como también la tan de moda palabrita “presunto”.
Sin embargo, ello no puede ser motivo para amordazar a la prensa y perseguirla por informar de cuestiones objetivas, de aquellas que son reales y no requieren de interpretaciones u opiniones, cuando en realidad esa debería ser la manera de actuar desde el periodismo noticioso, desde la posición de quien, como reportero informa desde el lugar de la noticia, y lo único que hace es relatar lo que ve, sin adjetivar, ni emitir opiniones de valor. Claro no con ello debe decirse adiós al periodismo de opinión, más cuando justo lo decimos en nuestro espacio editorial, que busca darles contexto a las noticias del país y la región.
Pero también entra en debate lo legal y lo legítimo; pues está claro que la justicia no necesariamente es justa (valga la redundancia) no porque un juez absuelva a un investigado, quiere decir que realmente éste sea inocente, he ahí el papel del periodismo de investigación, y he ahí el conocido caso de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, donde se confirmó lo que muchos sabemos, del oscuro proceder de algunos magistrados.
Entonces, el derecho al olvido sería una medida justa, siempre y cuando nuestro sistema de justicia tuviese un nivel de credibilidad y de imparcialidad reconocido en el mundo; pero no, desgraciadamente la confianza en el sistema de justicia del Perú esta venida a menos, al igual que la de la mayoría de instancias estatales.
Más allá de debatir una ley que promueva el derecho al olvido, se debería hacer una evaluación consistente del papel de los medios de comunicación en el Perú, su rol dentro de la política, su manera de informar frente casos policiales o judicializados, el modo de dar cobertura a situaciones cotidianas, para evitar luego tener que retractarse. Esa debe ser la responsabilidad de los medios y de quienes tienen el beneficio de usar una plataforma para informar y opinar.
El director.
