La Procuraduría Pública pidió como parte de la denuncia por lavado de activos contra el alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez y algunos de sus familiares, una reparación civil de 700 millones de soles, pedido que tendrá que ser evaluado por el Poder Judicial dentro del caso que viene siendo investigando y por el que se ha incautado alrededor de 300 bienes muebles e inmuebles a nivel nacional.
De acuerdo con publicaciones de medios como El Comercio e Infobae Perú, el Poder Judicial habría admitido a trámite dicho pedido.
Según el Ministerio Público, este el más caso más grande de lavado de activos, después del de Orellana, preso por tráfico de terrenos. La fiscalía apunta a que Ramírez y otros involucrados, habría lavado más de mil millones de soles.
El diario el Comercio en su publicación digital, compartió extractos de la resolución en la que el juez Víctor Zúñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional, declara fundado el requerimiento de reparación civil por 700 millones de soles.
“Tener como pretensión resarcitoria planteada la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos, por el presunto delito de lavado de activos en la suma de S/700′ ́000.000, la cual se dirige contra los investigados”, reza la resolución.
Es de conocimiento público que, en la actualidad, Zuñiga también evalúa un pedido de la Universidad Alas Peruanas para ‘variar’ las condiciones del peligro procesal y libre disponibilidad de los bienes que fueron incautados en abril de este año.
En la hipótesis fiscal se maneja que, mientras Joaquín Ramírez era el brazo comercial de la organización comercial, el ‘brazo político aparecerían Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, y Pier Figari, personaje cercano a ella y su agrupación política.
