UN BUKELE PARA EL PERÚ

 

Todos en algún momento hemos sido víctimas de algún delito, robo, asalto y sería peor si a consecuencia de ese crimen alguien salió herido; en las noticias los videos de la saña con la que actúan los delincuentes son indignantes. Pareciera que estas lacras no tienen alma, golpean, agreden, lanzan al piso, disparan sin ningún temor. Por eso cuando vemos en las redes una imagen de delincuentes semidesnudos, rapados y engrilletados corriendo para luego formar sentados unos tras otros, nos causa la sensación de justicia, y la necesidad de tener en Perú un Najib Bukele, el presidente de El Salvador, quien lo hizo.

Cuando la delincuencia crece como en países centroamericanos dominados por las Maras, peligrosa organización criminal, el hartazgo de la gente lleva a aceptar un gobierno autoritario como el de Bukele, tan es así, que él se ha convertido en el presidente con la aprobación más alta del mundo.

Sin embargo, poco se conoce que desde que Bukele declaró el estado de excepción y sacó al ejército a enfrentar las pandillas, hay miles de caso de ciudadanos salvadoreños que aseguran haber sido víctimas de acusaciones falsas. Campesinos que jamás estuvieron comprometidos con el crimen y que terminaron presos engrosando la lista de detenidos en las cárceles especiales. Muchos de los denunciantes de estas arbitrariedades incluso han solicitado la intervención de organizaciones internacionales de derechos humanos, para que vean de cerca estas atrocidades.

Incluso en algunos casos se conoce que el ejército intervino a familias enteras, porque uno de ellos estaría involucrado en algún caso de violencia. En El Salvador rige el dicho de “primero te detengo, violo tus derechos y luego te investigo” y si hay excesos que luego son demostrados, “vale la pena poque es por la seguridad”

A marzo de este año se habían registrado al menos la muerte de 200 presos de las cárceles especiales, muchos de ellos víctimas de maltrato físico y torturas, y quién sabe si algunos de los fallecidos en las cárceles podrían ser inocentes, según la ONG Socorro Jurídico Humanitario.

No sólo eso, hasta marzo de ese año, Socorro Jurídico Humanitario recibió 7 mil 990 denuncias de irregularidades en los procesos seguidos contra detenidos e intervenidos en las calles como supuestos miembros de pandillas.

Pero la medida de excepción dictada en El Salvador que fue por sólo un mes, ya se va extendiendo de manera ilimitada, por lo pronto de al menos un año y 3 meses, violando derechos fundamentales que en Perú ya hemos vivido. ¿en qué país se puede aceptar que los detenidos pierdan el derecho a la defensa en juicio? Se trata de un derecho primordial.

Si bien el gobierno de Bukele estima más de 71 mil detenidos, éste mismo gobierno señala que no puede dar detalles de las fuentes, por el derecho que le asiste al vivir en un estado de excepción, en el que se registran 3 patrones de desapariciones forzadas de corta duración.

Entre estos patrones hay registro de detenciones en la calle con testigos y que pese a ello los familiares solo reciben negativas de su paradero, de quienes son detenidos públicamente y que recién se conoce de su paradero después de varios meses y los casos más lamentables, de quienes son detenidos, se da información de sus paraderos, pero luego existe un silencio de absoluto, hasta que reciben la información de que han muerto, aunque no detallen de las causas o razones que los llevó a perder la vida.

A los señores congresistas, al presidente del Poder Judicial y a todos quienes invocan un Bukele para el Perú es oportuno decirles que el cargo que ahora ostentan es probablemente que en un régimen autoritario como el de Bukele desparezcan, por lo que sería mejor pensarlo dos veces.

El director.