Para ayer lunes 4 de septiembre estaba previsto el inicio del juicio oral contra dos altos mandos policiales que estuvieron a cargo de un operativo en el que se reprimió a campesinos que protestaban en la ciudad de Bambamarca, contra el proyecto minero Conga, y donde las fuerzas del orden usaron sus ametralladoras AKM, dejando 12 heridos de consideración, entre ellos un campesino que quedó parapléjico, otro que perdió un ojo, además de otros que quedaron con serias secuelas por las heridas causadas en la brutal represión.
Según el abogado de uno de los policías encausados, éste no se pudo presentar porque está destacado en comisión de servicios en la selva, lo que le hacía imposible asistir a la “audiencia virtual”. La abogada de los campesinos Mirtha Vásquez, señaló que se trata de una estrategia dilatoria, ya que el policía estuvo notificado con mucha anticipación, y los mandos militares están obligados a facilitar las condiciones de sus efectivos cuando éstos tienen que responder a la justicia.
“Esa justificación es ilógica, porque la audiencia era virtual, y el imputado podría conectarse desde cualquier lugar. Solo tiene que buscar un espacio donde tenga conexión a internet” explicó.
El otro oficial señaló por medio de su abogado que ha requerido algunos actuados de la investigación, pero que hasta el momento la fiscalía no se los ha entregado; sin embargo, se trata de documentos a los que él puede tener acceso fácilmente, dice Vásquez Chuquilín, quien lamentó que ante las justificaciones tan ilógicas el juez haya decidido acatar el pedido y suspender la audiencia reprogramándola recién para el próximo 3 de noviembre.
“Está claro que la defensa de estos mandos policiales lo que quieren es dilatar el tiempo y llegar a archivar el caso por prescripción” denunció Mirtha Vásquez, directora ejecutiva de GRUFIDES.
“Esperemos que desde el poder judicial se tomen medidas correctivas porque se trata de un caso emblemático que podría por fin sancionar a quienes haciendo uso de su poder permitieron u ordenaron el uso de fusiles, contra la población, que está probado, no tenían armas y se manifestaban de manera pacífica” argumentó Mirtha Vásquez Chuquilín.
Se trata de los oficiales de la policía Amador Bacalla Guadalupe y Wagner Enrique Ocampo Huamán, quienes estuvieron al frente de un contingente de 30 subalternos los que se dirigieron a una manifestación en la ciudad de Bambamarca, contra el proyecto minero Conga, que estaba próximo a ejecutarse; en esa operación los policías hicieron uso de sus armas dejando 12 heridos de consideración.
Cabe precisar que tanto los oficiales como los subalternos en ese momento se encontraban operando contratados por la minera Yanacocha, todos ellos se encontraban trabajando en servicio privado, gracias a un convenio entre la empresa minera y la policía nacional, sin embargo, la empresa minera, a la que se acusaba como responsable, ha sido excluida del proceso, gracias a un cuestionado fallo del juez supremo César San Martín.
Entre los afectados de este acto represivo el 29 de noviembre del año 2011, se encuentra Elmer Campos, quien recibió un proyectil de arma de fuego por la espalda, a la altura de la columna, quedando parapléjico, sin ahora poder hacer su vida normal y con altos costos para hacer frente a la enfermedad, Marino Rodríguez a quien le dispararon en el ojo, el cual perdió y otros que resultaron con lesiones que le cambiaron la vida de manera drástica.
